1) Dado que los países pobres tienen insuficiencias institucionales, las autoridades deberían enfocarse en medidas que son fáciles de adoptar y que tienen una probabilidad alta de ser efectivas y económicamente beneficiosas.
2) Las reformas exitosas de la política y legislación en materia de competencia no pueden ser impuestas desde arriba, sino que la aceptación y el apoyo públicos son de vital importancia.
3) Para servir como una efectiva herramienta para la reducción de la pobreza, la política de competencia necesita considerar las necesidades de las sociedades pobres tanto en su faceta de productores - como usuarios de insumos e infraestructura pública - como en la de consumidores.
4) La "política de competencia" va más allá de "qué hacen las agencias de competencia", sino que incluye todas las actividades del sector público para mejorar la competencia y el desempeño de los mercados. Es decir, también son importantes las decisiones tomadas por otras autoridades y por los poderes legislativos y judicales.
5) Los retos que imponen los carteles internacionales hacen necesario considerar nuevas formas de cooperación internacional. Es necesario pasar de hacer y recibir recomendaciones a que los gobiernos emprendan medidas conjuntas.
Sobre los puntos 1, 2 y 4, en México recientemente se han emprendido reformas para mejorar la política y la legislación de competencia. Diría que muchas de estas medidas han sido complejas, implicado el involucramiento de muchos actores y recibido gran atención pública. Pero mi temor, como lo señalé en un post anterior, es que hay una tendencia a sobrevender el efecto de las reformas y, en consecuencia, existe un riesgo de no cumplir con las expectativas y dañar la credibilidad de la libre competencia.
Lo anterior es particularmente importante en un contexto en el que el impulso reformador esta lejos de terminar. Por ejemplo, la reforma constitucional de telecomunicaciones una vez que sea aprobada, requerirá complejos cambios en la legislación secundaria. Además, la reforma financiera anunciada también tendrá un importante componente de competencia.
El punto 3 me resulta cuestionable. Pienso que la política de competencia funciona mejor en la medida en que se enfoca en el bienestar del consumidor. En situaciones en las que instituciones son débiles y hay sesgos proteccionistas, es más fácil que se adopten políticas que lo que terminan haciendo es perjudicar a los pobres, no importando su doble faceta de consumidores y productores.
Sobre el punto 5, la preocupación es que los carteles internacionales disminuyan o anulen las ganancias del bienestar que los países menos desarrollados esperarían del libre comercio. En este tema, creo que en México la coordinación con otras jurisdicciones es prácticamente inexistente.
