En un post anterior traté algunas restricciones que enfrentarían los legisladores durante el proceso de hacer leyes. Mi propósito ahora es discutir cómo se pueden analizar decisiones legislativas desde un punto de vista económico.
En primer lugar, los economistas pueden ver la eficiencia de una medida legislativa en términos de eficiencia en el sentido de Pareto. Una medida es Pareto superior si mejora la situación de unos sin empeorar a otros. Por el contrario, es Pareto inferior si se mejora a unos a costa del bienestar de otros. De ahí, la primera tendencia es pensar si la propuesta es una mejora o, por lo menos, una cuasi-mejora de Pareto.
Sin embargo, a pesar de que el tamaño del pastel cambia constantemente, mucho de lo que se trata el Derecho es en redistribuir recursos de ganadores a perdedores, lo que - como discutí anteriormente - acercaría o confundiría la cuestión económica con la factibilidad política.
Otra herramienta que tienen los economistas es el criterio de eficiencia de Kaldor-Hicks, que se refiere a que una medida es eficiente si los beneficiarios pueden potencialmente compensar a los perdedores, o viceversa. Si es el caso, entonces la medida debería efectuarse. Esto nos lleva a otro problema: ¿nos debemos preocupar o debemos valorar diferente el bienestar de determinados grupos de la sociedad, como los pobres, los obreros, los maestros, etc?
Es decir, nos metemos en el terreno de la justicia y, puesto que existen ideas de justicia diferentes, no hay una solución única. ¿Los economistas pueden contribuir a tener leyes justas? ¿Qué es mejor: tener de inicio leyes justas o tener leyes eficientes y hacer justicia por otros medios?
