Imaginemos un mundo en el que estabilizar una economía (por ejemplo, acabar con un episodio inflacionario) fuera como conducir un automóvil: los responsables de la política económica únicamente tendrían que ajustar sus instrumentos de política, como si fueran un volante, para dirigir a la economía por el camino deseado. No obstante, estabilizar una economía se parece más a tratar de hacer que un enorme buque de carga tome el rumbo deseado. Si en un automóvil basta girar el volante, en un barco hay que girar el timón y esperar un tiempo hasta que tome la dirección deseada. Los responsable de la política de competencia económica, al igual que un capitán de barco, tienen que esperar un tiempo para ver que la economía se desempeñe como lo desean. Y eso si tienen suerte. En caso contrario, tendrán que hacer varios ajustes con sus correspondientes retardos.
Las políticas macroeconómicas de estabilización del ciclo económico tienen dos tipos de retardos o rezagos (lags). El retardo interno es el tiempo que transcurre entre que ocurre el desequilibrio y se pone en práctica una medida de política económica, que, a su vez, tiene tres tipos:
a) De reconocimiento: tiempo que transcurre entre que se produce el desequilibrio y las autoridades reconocer que deben actuar;
b) De decisión: tiempo entre reconocer a necesidad de actuar y decidir la política a implementar, y
c) De acción: tiempo transcurrido entre la decisión de política y su implementación.
El retardo externo se refiere al calendario de
los efectos entre el momento en el que llevó a cabo la política y ésta empezó a
tener efectos en la economía.
En esta literatura, en términos generales, se considera que la política fiscal tiene un retardo interno largo y uno externo corto, puesto que, por un lado, requiere tiempo para hacer cambios legales o administrativos para ajustar el sistema impositivo, entregar subsidios o planear las obras de infraestructura en las que se invertirá gasto público. Por el otro, los efectos de esta política se manifiestan con rapidez puesto ya que actúa directamente en agregados económicas como el consumo o la inversión.
La política monetaria tiene un retardo interno corto y uno externo largo. Una decisión de esta política (por ejemplo, cambiar la tasa de interés) no requiere modificaciones legales o administrativas, pero como actúa sobre las expectativas de los agentes económicos e indirectamente sobre otras variables económicas, sus efectos tardan en manifestarse. Hace algunos años, tuvieron cierto auge elaborar modelos econométricos sobre el retardo externo de la política monetaria que identificaban el calendario de efectos de una medida de política sobre un conjunto de variables macroeconómicas de interés. Por ejemplo, en cuánto tiempo, durante cuánto tiempo y con qué intensidad un cambio en la tasa de interés de referencia del banco central afecta la inflación, el crecimiento o el desempleo. Estos trabajos suelen incluir una discusión de los mecanismos de transmisión de la política monetaria, pero ya es otra historia. [Un metaanálisis puede consultarse aquí]
En el post anterior resumí las
opiniones de un panel economistas sobre la idoneidad de utilizar la política de
competencia económica y los controles de precios para contener la inflación
actual en Estados Unidos. Ahora, voy a tratar de aplicar esta clasificación de los
retardos a estas políticas microeconómicas.
En el caso de la política de competencia, el retardo
interno sería largo y el externo corto. En las típicas investigaciones de
prácticas monopólicas (por ejemplo, abuso de poder de mercado y colusión), llevar
a cabo una investigación considerando los plazos que establece la ley de
competencia suele llevar más de un año o dos. Si la investigación llega a buen
puerto, entonces se podría esperar que el remedio (por ejemplo, dejar de hacer
la práctica monopólica) tenga efectos en el mercado rápidamente. Al momento,
pienso que durante un episodio inflacionario la política de competencia económica puede contribuir
mejor siguiendo la perspectiva de “poner las cosas en orden”; es decir, aprovechar
la coyuntura para identificar problemas de competencia en mercados sensibles y
tratar de arreglarlos. No parece claro que la política de competencia cuento con instrumentos para solucionar un problema de de inflación.
Los controles de precios tendrían un retardo
interno largo, no tanto como el de la política de competencia, y un retardo
externo corto, con efectos inmediatos si la implementación fuera ideal. Una vez
tomada la decisión, el retardo de acción sería largo, pues implica diseñar un
sistema administrativo que permita controlar efectivamente los precios de un conjunto
de bienes o servicios, detectar incumplimientos y sancionarlos. Si esto ocurre,
los efectos deberían manifestarse de inmediato, casi mecánicamente. Como se
muestra en el post anterior, la opinión mayoritaria, casi total, de un
panel de economistas es que el uso de controles de presiones para contener la inflación
elevada que en la actualidad se observa en Estados Unidos sería una mala idea. Una
preocupación habitual entre los economistas es que si bien el control de
precios incrementaría el bienestar de los consumidores porque pagarían precios
más bajos, también generaría una menor cantidad ofertada que generaría una
pérdida bienestar (pérdida por peso muerto). También, los controles de precios dan
surgimiento a mercados negros o al mal funcionamiento de cadenas de suministro
que, por cierto, es precisamente una causa de la inflación actual.
Para finalizar, presento un cuadro que compara, de acuerdo con mi percepción, los retardos en las políticas discutidas. [Aclaración: en el caso de la política de competencia, únicamente considero investigaciones de prácticas monopólicas (abuso de poder de mercado y colusiones), no control de fusiones (concentraciones) u otros procedimientos.]
